El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, “de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” (RDL) creó de nuevo la figura del asegurado como titular del derecho a la asistencia sanitaria gratuita que hasta ese momento era prácticamente universal.
Define como asegurados a las personas cotizantes a la SS, que reciban prestaciones de la SS o de desempleo, demandantes de empleo que hayan percibido prestaciones de desempleo, españoles y miembros del espacio económico europeo que residan en España y otros extranjeros con permiso de residencia que sin estar incluidos en los casos anteriores, acrediten ingresos inferiores a una determinada cifra ( 100.000 €/año? -confirmar). Son también beneficiarios el cónyuge o persona con análoga relación, el ex cónyuge a cargo del asegurado, así como los descendientes a cargo del mismo que sean menores de 26 años o que tengan una discapacidad en grado igual o superior al 65%.
Finalmente, establece que los extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, recibirán asistencia sanitaria en las siguientes modalidades:
· De urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, hasta la situación de alta médica.
· De asistencia al embarazo, parto y postparto.
· En todo caso, los extranjeros menores de dieciocho años recibirán asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.
El reconocimiento de la condición de asegurado le corresponde al Instituto Nacional de la Seguridad Social.
La consecuencia más grave e inmediata de este RDL: el 1 de septiembre de 2012 se anularon 800.000 tarjetas sanitarias pertenecientes a extranjeros en situación irregular. De ellas, casi 4.800 en Cantabria. Además, definir nuevamente la figura del asegurado supone un grave sinsentido que nos retrotrae a los tiempos en los que la sanidad pública se sostenía con las cotizaciones a la SS (Seguro Obligatorio de Enfermedad). Desde 1986 la sanidad pública se financia de los Presupuestos Generales, es decir, con impuestos (Renta, IVA y especiales). No se entiende que pierdan el derecho a la sanidad pública los que pagan impuestos como el resto.
Distintas instancias nacionales e internacionales, entre estas, varios órganos de la ONU y del Consejo de Europa, han denunciado esta ilegalidad e instado al Estado español a corregirla. Mientras, los recursos de inconstitucionalidad presentados hace ya dos años por varios gobiernos autonómicos siguen en trámite, sin plazo, en el Tribunal Constitucional español.
Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública
Para seguir dando asistencia sanitaria a los que extranjeros en situación irregular, y presionado por varios colectivos sociales, el Gobierno de Cantabria aprobó la Orden SAN/20/2013, de 25 de noviembre de 2013, por la que se crea el Programa Cántabro de Protección Social de la Salud Pública y se regula el procedimiento de acceso al mismo, que venía a dar cobertura sanitaria en igualdad de condiciones que la población general a aquellos excluidos que cumplieran ciertos requisitos, los dos más importantes: rentas no superiores al IPREM (533 €/mes)
empadronados con, al menos, seis meses de antelación
El pasado 14 de agosto la Consejería informa por la prensa que, de las 4.800 tarjetas canceladas en Cantabria, cerca de 2.000 de sus titulares ya habían regularizado su situación, y que se habían registrado en total 128 solicitudes para acogerse al Programa (de los 2.800 inmigrantes irregulares estimados por esta administración). De ellas:
62 habían sido aprobadas y otras tres lo estarían en breve
A 25 solicitantes se les había pedido información adicional
Una solicitud estaba pendiente de informe del trabajador social
10 solicitudes habían sido denegadas ya que el solicitante ya tenía cobertura
Lo que hace un total de 101. El resto hasta 128, 27 solicitudes, se supone que están en trámite.
Los acompañamientos
La Plataforma “Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria”, formada a finales de 2012, además de denunciar esta violación al derecho a la salud, difundir sus consecuencias y buscar apoyos pidiendo la derogación del RDL 16/12, ha venido prestando labor de acompañamiento a cerca de 90 personas, facilitando su acceso a los centros sanitarios y guiándoles a través de los laberintos administrativos.
Esta labor de acompañamiento permite afirmar que:
No se han producido denegaciones abiertas en los acompañamientos.
Sin embargo, muchos de los acompañados reconoce que sin la presencia de los voluntarios de la Plataforma no se les habría atendido.
En muchos casos, los pacientes han tenido que firmar Partes de Asistencia y/o Facturación (Mod. Hospital y Mod. Primaria) antes de ser atendidos.Aunque en algunos centros el trato es exquisito, en otros se dan situaciones de abierta disuasión, lo que unido a la falta de información y de preparación de algunos empleados públicos llega a generar obstáculos casi insalvables a la realización del mencionado derecho.
Resumen de la situación actual en Cantabria
No se ha difundido el Programa de tal manera que llegue a los colectivos que más puedan necesitarlo. Además, la Plataforma es consciente de que la amplia mayoría de la ciudadanía en general y una buena parte de los colectivos sanitarios en particular ignoran lo que ocurre en el día a día de los mostradores de admisión.
Los partes de asistencia y/o facturación son disuasorios, y parte del personal sanitario mantiene una actitud de disuasión hacia la población excluida.
No se ha definido cómo se facilita la asistencia sanitaria a los que no cumplen los requisitos del Programa. ¿Habría que forzar el uso del informe favorable del trabajador social que menciona el Programa como posible alternativa?
El coste de los medicamentos, incluso para las personas ya admitidas al Programa, puede ser prohibitivo, especialmente para enfermos crónicos.
Se desconoce el tamaño del colectivo, hoy invisible, al que el Programa cántabro quería dar cobertura. Aunque siempre ha sido mayoritariamente joven y se puede asumir que goza de buena salud, esta bolsa de excluidos puede estar formada por entre varios cientos y los 2.800 estimados por la Consejería (en su momento, reconoció que no se había expurgado la lista de tarjetas en muchos años, por lo que muchas de las canceladas el 1 de septiembre de 2012 podían pertenecer a titulares que ya no vivían en Cantabria).
Respecto a la posición política de las autoridades en Cantabria, se reconoce de palabra la inutilidad de la parte del RDL que excluye a los inmigrantes en situación irregular, se asegura que no ha generado ningún ahorro y que supone una amenaza para la salud pública. Otros colectivos profesionales piensan lo mismo y además señalan que esta medida sirve de poco para el control de los abusos denominados “turismo sanitario”, excusa que se ha esgrimido por parte de los representantes del gobierno central para justificar esta vergonzosa discriminación en el derecho a la salud.
