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jueves, 7 de junio de 2018

Es la hora de la sanidad universal


Es la hora de la sanidad universal


La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.


Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.


ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla
Amnistía Internacional
Apoyo Positivo
ARI-PERU
Asociación Camino de Fe y Esperanza
Asociación "El Pueblo que queremos"
Asociación de Enfermería Comunitaria
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Sociocultural Entre Mares
CALCSICOVA
Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Foro Galego de Inmigración
Fundación BACHUE
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)
Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria
Red Acoge
Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)
Red Transnacional de Mujeres
Salud por Derecho
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Trabajando en Positivo
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)

martes, 17 de febrero de 2015

Acuerdo histórico

El 17 de febrero de 2015 supone un hito en Cantabria en la lucha social a favor de la Sanidad Universal.

En menos de 10 días se ha conseguido reunir a un amplio grupo de organizaciones: asociaciones, ONG, Plataformas, Sindicatos y Partidos Políticos.




Seguimos buscando nuevos apoyos
Nos podéis enviar un correo a: 

Receta médica para elaborar un programa electoral que no perjudique la salud 

Ocho organizaciones, a las que se ha unido en Cantabria la Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria", exigen a los partidos políticos que incluyan en los programas electorales autonómicos el compromiso de adoptar leyes que blinden la sanidad universal.

Amnistía Internacional, Asociación de Juristas de la Salud, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España,  la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de  Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) y la Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria", lanzan una campaña en redes sociales en la que exigen a los partidos políticos que incluyan en sus programas electorales, de cara a las elecciones autonómicas y locales, un  compromiso con la sanidad universal. 

En concreto, las organizaciones piden que los partidos incluyan medidas legislativas que garanticen  el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, con independencia de su situación administrativa y sin ningún tipo de discriminación. Estas medidas contendrán los mecanismos que aseguren su efectivo cumplimiento, procedimientos de información pública y de seguimiento de su eficacia. 

Desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley (RDL) 16/2012, reforma que limitó el acceso a la  atención sanitaria para cientos de miles de personas, han sido numerosos los mecanismos de  protección de derechos humanos de Naciones Unidas y del Consejo de Europa que han exigido a España reformar el RDL y garantizar el derecho a la salud sin discriminación. El último mecanismo internacional que se ha pronunciado en esta línea, el pasado mes de enero, ha sido el Examen  Periódico Universal de Naciones Unidas, donde nueve países han pedido a España que garantice la universalidad de este derecho. 

Los mecanismos de protección de derechos humanos  internacionales han recordado a España, que con la adopción del RDL, el Gobierno ha vulnerado sus obligaciones en materia del derecho a la salud. Igualmente han recordado que los derechos humanos no pueden ser ignorados por las presiones fiscales y que la crisis económica no puede servir de pretexto para una restricción en el acceso a la atención sanitaria, que afecta a la esencia de ese derecho. Respecto a la especial situación de las mujeres, recientemente, en diciembre de 2014, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica alertó del impacto que el RDL podría tener en este colectivo, por ser la atención médica la principal vía de detección de las mujeres víctimas de violencia. 

Por todo ello, las organizaciones firmantes aconsejan a los partidos políticos, un tratamiento y prescriben una receta que consiste en: 

• Adoptar medidas legislativas que aseguren la sanidad universal, es decir el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación

• Aplicar las recomendaciones de organismos internacionales sobre salud universal, (entre ellos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Relator Especial de Naciones Unidas sobre discriminación, Relatora Especial sobre pobreza y derechos humanos, Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, así como el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa). 

Los partidos políticos tienen la oportunidad de comprometerse a través de sus programas electorales a adoptar medidas legislativas que blinden la sanidad universal de acuerdo a las recomendaciones internacionales; y de demostrar que allí donde gobiernen o tengan capacidad de decisión o de influencia, promoverán la igualdad en el acceso y disfrute del derecho a la salud, e impedirán que se continúe violando este derecho en el Estado español. 

Información complementaria 

Desde la entrada en vigor del RDL, en abril de 2012, al menos 873.000 personas inmigrantes en situación administrativa irregular se han quedado sin tarjeta sanitaria en España, perdiendo el 
derecho a acceder a los servicios públicos de salud, a excepción de la atención de urgencia, embarazo, parto y postparto, y a menores, solicitantes de asilo y víctimas de trata (durante el periodo de restablecimiento y reflexión). Personas con enfermedades crónicas excluidas del Sistema Nacional de Salud se enfrentan al pago de convenios especiales. 
En todo este tiempo, la diferente aplicación del RDL por las Comunidades Autónomas y la disparidad de criterios a la hora de poner en marcha la normativa por parte de los centros sanitarios ha convertido el acceso a la atención sanitaria en un auténtico laberinto administrativo.

Nota a la Prensa:


Partidos políticos y organizaciones sociales unidos por un programa electoral que no perjudique la salud
Multitud de organizaciones sociales de Cantabria, entre ellas seis partidos políticos, piden medidas legislativas que aseguren la sanidad universal (listado de organizaciones).
Atendiendo al llamamiento de ocho organizaciones estatales (Amnistía Internacional, Asociación de Juristas de la Salud, el Centro por los Derechos Económicos y Sociales, Médicos del Mundo, Red Acoge, Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), las organizaciones sociales firmaron su compromiso por un sistema que asegure el acceso a los servicios de salud y tratamientos médicos para todas las personas, sin ningún tipo de discriminación, y que apliquen las recomendaciones de organismos internacionales sobre salud universal, (entre ellos, Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Relator Especial de Naciones Unidas sobre discriminación, Relatora Especial sobre pobreza y derechos humanos, Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre discriminación contra las mujeres en la ley y en la práctica, así como el Comité de Derechos Sociales del Consejo de Europa).

En la prensa:

El nuevo contrato social: los colectivos se adelantan a los partidos políticos en El Faradio el 18-02-15  (se omite por error a Compromiso por Cantabria)

Podemos, PSOE, IU, Equo y PRC se comprometen a reivindicar la salud universal en sus programas electorales en EP el 18-02-15 (se omite por error a PRC y Partido Bloque Social Castro Urdiales)

Ejemplos de tuits:


@PSOE       Incluya en su programa electoral autonómico el compromiso de adoptar leyes que aseguren la #sanidaduniversal    
   
@Ppopular Cumpla recomendaciones internacionales y restablezca en su programa  electoral autonómico la #sanidaduniversal     
   
@iunida       Incluya en su programa electoral autonómico el compromiso de adoptar leyes que aseguren la #sanidaduniversal           
   
@ahorapodemos       incluya en su programa electoral autonómico el compromiso de adoptar leyes que aseguren la #sanidaduniversal      
   
@UpyD       Incluya en su programa  electoral autonómico el compromiso de adoptar leyes que aseguren la #sanidaduniversal          
@Ppopular Nuestra salud no anda bien. Siga la receta y restablezca en programa electoral la #SanidadUniversal     

miércoles, 4 de septiembre de 2013

Comunicado del Colegio de Trabajo Social de Cantabria




Como profesionales comprometidos con la defensa de la Justicia Social, desde el Colegio de Trabajo Social de Cantabria mostramos nuestro rechazo a todas aquellas medidas que supongan una limitación en el acceso al Sistema Sanitario Público a aquellos grupos de población que presentan mayores indicadores de riesgo social, como son la población inmigrante en situación irregular.

El RD 16/2012 está dejando fuera de la atención sanitaria y el acceso a las prestaciones farmacéuticas no a todas aquellas personas extranjeras sin residencia legal en España, sino tan sólo a aquellos que presentan una mayor precariedad económica, aquellas que no se pueden permitir el acceso a la atención sanitaria ni en su país de origen ni de forma privada. No se trata de un decreto que excluya de la atención a las personas inmigrantes, sino tan sólo a los pobres, dando lugar a un sistema de salud restrictivo e injusto, que no garantiza el acceso a una atención adecuada de salud en condiciones de igualdad.

Desde nuestro trabajo diario estamos observando una nueva realidad socioeconómica, con necesidades emergentes que hacia varias décadas que no se observaban en nuestro contexto. Nos encontramos con personas que no pueden garantizar para sí mismas y sus familias, una vivienda digna, una alimentación adecuada y, ahora se le suma, la incapacidad de algunos grupos de población de poder acceder a una atención sanitaria de calidad y a los productos farmacéuticos que precisen. Incluso estamos viendo a personas que sí tienen reconocida la asistencia sanitaria, pero que ven limitada su recuperación debido a que no tienen medios económicos suficientes para hacer frente al gasto que supone el acceso a las prestaciones farmacéuticas, a una alimentación específica o a otros servicios de apoyo. Por tanto, la realidad que nos estamos encontrando es la de un sistema que avanza hacia mayores cotas de privatización, de tal forma que la restricción en el acceso a una atención sanitaria de calidad no sólo está afectando a las personas con residencia irregular, sino también a otros grupos de población que presentan altos índices de pobreza, marginación y de exclusión social.

Manifestamos, por tanto, nuestro apoyo e interés por colaborar con la plataforma “Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria” por su defensa de un sistema sanitario más justo y equitativo.

En Santander a 2 de septiembre de 2013

jueves, 22 de agosto de 2013

Comunicado del Obispo de Santander Vicente Jiménez Zamora, ante la exclusión sanitaria de Cantabria


           Ante el Real Decreto 16/2012 del Gobierno Español, que modifica la legislación  en la asistencia pública sanitaria para los inmigrantes, como Obispo de la Diócesis de Santander MANIFIESTO lo siguiente:

1.       El citado Decreto excluye del derecho a la asistencia sanitaria a las personas extranjeras sin autorización de residencia en España, un derecho que estaba reconocido hasta ahora por la ley de Extranjería. La asistencia sanitaria se mantiene solamente para los casos de urgencia por accidente o enfermedad grave hasta el alta médica, mujeres embarazadas y menores de 18 años.

2.       A la luz del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia, hay que proclamar que “todo emigrante es una persona humana que, en cuanto tal, posee derechos fundamentales inalienables que han de ser respetados por todos y en cualquier situación” (Benedicto XVI,Caritas in veritate, n. 62).

3.       La exclusión del sistema sanitario de los inmigrantes irregulares o “sin papeles” es una medida injustificada y los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.

4.       Por ello apoyo los planteamientos  y las iniciativas encaminadas para que se apliquen medidas que devuelvan la atención sanitaria pública y universal a las personas inmigrantes excluidas de la misma por el mencionado Real Decreto 16/ 2012.

Santander, 22 de agosto de 2013.

Vicente Jiménez Zamora, Obispo de Santander.


Artículo en El Diario Montañés

La noticia en Europa Press

Religión digital

miércoles, 31 de julio de 2013

El Colegio de Enfermería ante los recortes en Sanidad



Los enfermeros a favor de la universalización de la sanidad
10/08/12
El código deontológico enfermero obliga a atender a las personas que lo necesiten y la organización colegial debe velar por que se cumpla
El artículo 15 de nuestro código lo deja muy claro “La enfermera/o garantizará y llevará a cabo un tratamiento correcto y adecuado a todas las personas que lo necesiten, independientemente de cuál pueda ser su padecimiento, edad o circunstancia de dichas personas”. Por esa misma razón, siempre defenderemos la sanidad y el cuidado de las personas como derecho universal que es. Y nada más; sin coletillas de si son inmigrantes, si hay papeles, del color de piel o de su altura o condición física.
Esa fue nuestra elección cuando decidimos estudiar Enfermería y en ella nos ratificamos cuando hicimos el juramento hipocrático en el momento de colegiarnos.
Actualmente la sociedad esta convulsa, las personas en desempleo, sin esperanza, y los enfermeros, como otros trabajadores públicos, empezamos a preguntarnos cual es el error que hemos cometido para que tengamos que soportar la presión laboral y, por que no decirlo, económica a la que estamos siendo sometidos. Entendemos que la situación exige valorar cada uno de los servicios que presta el Estado y ajustarlos a la realidad actual, pero cada día nos enfrentamos a jornadas más largas, intensas, sin sustituciones por bajas o vacaciones, cubriendo las ausencias justificadas a base de doblajes de jornadas, con recursos muy ajustados y pérdida de sueldo, días libres y condiciones laborales perdidas y que se habían ido consiguiendo después de 20 años de lucha y reconocimiento.
Ahora nos encontramos que un nuevo decreto ley plantea dejar sin atención a los inmigrantes ilegales, lo que provocará un nuevo conflicto entre nuestro juramento hipocrático y la reglamentación que como trabajadores de un organismo público debemos asumir. Algunos colectivos han anunciado medidas de objeción de conciencia, pero es lógico que desde el Ministerio de Sanidad se nos recuerde que las normas son de obligado cumplimiento, pues lo contrario llevaría al caos.
La organización colegial de Enfermería de Cantabria queremos mostrar nuestra contrariedad por esta medida, ya que nos parece insolidario e indigno aprobar una ley que deja sin cobertura sanitaria a personas que se sabe de antemano que no tienen recursos para acceder a ninguna atención sanitaria. Además, queremos también señalar que tenemos la responsabilidad de garantizar que se cumpla el código deontológico y el compromiso de no dejar en desamparo a las personas que necesiten atención sanitaria en cuidados. Por eso, consideramos que es nuestro deber ético buscar soluciones para facilitar y poner en marcha mecanismos que garanticen esta atención.
Ante esta situación 

¿Qué podemos hacer como miembros de la sociedad? ¿Y como enfermeros y enfermeras?
Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios a nivel mundial, por el momento, y el más rentable en coste y eficacia, pero que acumula una importante deuda, consecuencia de una mala gestión y muchos abusos y fraudes... Desde la enfermería nos preguntamos cual es nuestra parte de culpa, para tener que aguantar todo lo que se nos ha venido encima que está provocando que nuestro estado anímico se vea seriamente atacado. Analizamos nuestra trayectoria profesional y nuestras competencias y llegamos a la conclusión de que en nuestro trabajo solo hemos podido derrochar en cuidados y en atención hacia nuestros pacientes, gastando de nuestro propio esfuerzo físico y de nuestra capacidad profesional.
Llevamos muchos años, afortunadamente, con un sistema público de salud de prestigio y calidad que cubre a todas las personas independientemente de la situación en la que estén. Sin embargo, las principales medidas de ahorro anunciadas por el Gobierno para asumir las deudas de los bancos y de las entidades públicas, pasan por recortar y destruir bienes sociales que nos han costado muchos años construir, como la sanidad y la educación, con injustas decisiones que perjudican a los más débiles.
Son muchos los recortes –funcionarios, subvenciones, Ley de Dependencia, ayudas sociales, servicios sanitarios a todos los ciudadanos, etc. – y parece que va haber más, ya que este círculo vicioso en el que hemos entrado parece imparable.
Entendemos que el Gobierno quiera erradicar el fraude y el mal uso, a todos los niveles, fiscal, social y también sanitario (turismo sanitario, uso de tarjetas de pensionistas de manera fraudulenta, despilfarro de recursos, etc.), pero para eso no necesita modificar ninguna ley, ya que todos los extranjeros no comunitarios (y los comunitarios cuyos países que no tienen tratado de reciprocidad en la atención sanitaria con España) siempre han tenido que pagar por la atención sanitaria al ser atendidos por el sistema público.
El problema es que desde la propia administración sanitaria no se ponen los medios para facturar y cobrar esos servicios, cuya responsabilidad no puede caer en los profesionales sanitarios. Por eso, es necesario regular la situación y controlar a las personas que teniendo ingresos estén defraudando, no a los que no los tienen y que, dada la situación, no los van a tener (como los inmigrantes ilegales y las personas en exclusión social), ya que eso nos llevará a retroceder de golpe 50 años, y propiciar que existan dos clases de ciudadanos: de primera y de segunda.
Antes de llegar a todo esto, creemos y entendemos se puede optar por otras medidas sin excluir a estas personas de la atención sanitaria, sobre todo a sabiendas de que están sin recursos, y eso les va a suponer quedar desatendidos ante los problemas de salud. Queda claro que tendrán acceso en los casos de urgencia y que los menores y las mujeres embarazadas serán atendidos, pero el resto… ¿Cuál será el camino o vía de acceso al profesional especialista, prueba o tratamiento para el que necesite atención? ¿Qué vamos hacer con los pacientes con patologías crónicas, seguimiento de cuidados, heridas crónicas, complicaciones de procesos, calendarios vacunales del adulto sano, intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, SIDA, etc.?
Es claro que esta situación provocará sobrecargas incluso colapsos en los servicios de urgencias hospitalarios, con las consecuencias que ello puede traer para la calidad de la atención.
Con todo ello, expresar nuestro rechazo a esta propuesta y pedirle al Gobierno de Cantabria que reconsidere la situación como ya lo han hecho otras comunidades autónomas, pues entendemos que tal como se presenta vulnera tanto nuestra Constitución (art. 10.1), como la Ley de Salud Pública y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25) que indica que “las persona tienen derecho a un nivel de vida adecuado que les asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.
Rocío Cardeñoso Herreros, presidenta del Colegio de Enfermería de Cantabria