lunes, 7 de mayo de 2018

Derecho a la salud para todos, sin discriminación

Publicado en El Diario Montañés el 7-5-2018

Fernando Gutiérrez Gómez
Amnistía Internacional Cantabria 

Este 20 de abril cumplió seis años el Real Decreto Ley 16/2012 sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario que, entre otras medidas “de austeridad”, quitó la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Y este triste aniversario de una discriminación aún no corregida viene a coincidir con el reciente dictamen de este 29 de marzo sobre  el examen de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).
La lectura cuidadosa del documento de observaciones finales de este Comité deja una imagen que debiera avergonzar a nuestro Gobierno central. Así, en su observación número 42 nos dice “el Comité insta al Estado parte que lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud a fin de llevar a cabo los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto."
Usted que me lee, se preguntará cómo es posible tal disparidad entre nuestras obligaciones  de derecho internacional y la práctica interna que mantiene a unos ciudadanos como de segunda clase, a los que se les niega un derecho tan básico como el que te vea el médico de familia. La misma contradicción la enfrentan los responsables sanitarios autonómicos (también del PP) cuando se ven obligados a establecer medidas complementarias en su ámbito regional para corregir tal injusticia (también para proteger la salud pública).
Sin embargo, en un ejercicio autoritario difícil de entender, el Ministerio de Sanidad ha ido recurriendo la legalidad de estas normas complementarias cuando eran aprobadas en autonomías no gobernadas por el PP. Y, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias con votos discrepantes, le ha ido dando la razón al Ministerio, sin prestar la debida atención a las obligaciones que nos impone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Tribunal Constitucional da por buena la potestad del Gobierno central para reducir la atención sanitaria a los migrantes en situación irregular. No es este el momento ni el lugar de hablar sobre el sistema de elección de los magistrados de este alto tribunal, pero algún día tendrá que dar marcha atrás en este asunto y obedecer el mandato del Comité DESC de Naciones Unidas.
De otros aspectos de la reforma sanitaria que han ido significando un deterioro de la calidad de la asistencia, tales como el aumento del copago farmacéutico, los numerosos medicamentos para males "menores" que fueron excluidos del catálogo cubierto, el aumento de las listas de espera, la mayor carga de trabajo sobre el personal sanitario, la asistencia a la salud mental, etc., se ha ocupado un estudio de investigadores de Amnistía Internacional llevado a cabo en Andalucía y Galicia y presentado el pasado día 24 que se titula "La receta equivocada". Su extensión y complejidad impiden reflejar aquí unas conclusiones que seguramente merecen otro artículo de opinión como este. Mientras, está disponible en internet para los lectores más interesados.
En cuanto a nuestra región, el gobierno autonómico bipartito mantiene con precariedad una norma que viene a salvar la discriminación impuesta desde el gobierno central y que garantiza la atención a todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de cobertura sanitaria reconocida. Para que esto no se tuerza y para que, finalmente, el gobierno central modifique el denostado Real Decreto-Ley, sigue siendo imprescindible el apoyo de todos los agentes sociales.
Entre estos agentes, conviene señalar a una ONG local, la Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria", que viene denunciando el retroceso en el derecho a la salud que supuso dicha norma, que acompaña a inmigrantes en situación irregular para facilitarles el acceso a un sistema sanitario que puede resultar dificultoso por la diversidad de las distintas situaciones personales y de origen de estas personas y que colabora con la autoridad sanitaria en el seguimiento periódico de la aplicación de la norma autonómica antes mencionada (la Orden SAN 38/2015).

jueves, 4 de enero de 2018

Por si acaso

La Consejería de Sanidad, con muy buen criterio, está pensando en la peor opción posible (que los tribunales anulen la Orden de Cantabria).


viernes, 7 de abril de 2017

Cartel para difundir

Cartel que debería estar en todos los Centros de Salud, colegios, Institutos, parroquias, Asociaciones, ONG, locutorios, ICASS, Cocina Económica,...


Descarga aquí

jueves, 30 de junio de 2016

Ahora en Santoña

¡Se acaba de aprobar la Moción en el Ayuntamiento de Santoña"

10 votos a favor (PSOE, PRC y Activa Santoña), 6 en contra (PP) y 1 abstención (Santoñeses).

Toca seguir luchando, en los ayuntamientos, en la calle,...

Entrada de Puerto Gallego en su blog donde explica el resultado del Pleno.


martes, 14 de junio de 2016

Tribunal Constitucional

Importante auto del Tribunal Constitucional a través del cual se levantó la suspensión cautelar de las normativa Navarra y que se reprodujo de forma literal en el caso de la Comunidad Valenciana. Tanto por el contenido como por la propia fuente es un texto potente.

“...el derecho a la salud y el derecho a la integridad física de las personas […] así como la conveniencia de evitar riesgos para la salud del conjunto de la sociedad, poseen una importancia singular en el marco constitucional, que no puede verse desvirtuada por la mera consideración de un eventual ahorro económico que no ha podido ser concretado”

(Autos del Tribunal Constitucional 239/2012, de 12 de diciembre, y 114/2014, de 8 de abril )

sábado, 11 de junio de 2016

El TSC de Cantabria anula la Orden

Sentencia del TSJC que anula la devolución de la tarjeta a las personas en situación de ilegalidad

Toca seguir luchando

Entrevista a la Consejera de Sanidad (en la SER el 11-06-2016)

Los jueces anulan la norma de Cantabria (en El Diario Montañés  el 11-06-2016)

El TSJC anula la Orden (en eldiario.es el 11-06-2016)