jueves, 6 de septiembre de 2018

¡6 de septiembre de 2018, día histórico!

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SistemaNacional de Salud.

España vuelve a tener sanidad universal

Pati y otros miembros de REDER a las puertas del Congreso

lunes, 18 de junio de 2018

Reunión con la Ministra de Sanidad

Hace más de seis años que nos indignamos ante una violación en España de uno de los Derechos Humanos: el derecho básico, fundamental e inviolable, el derecho a la salud.
Nos unimos personas con distintas edades, ideologías, profesiones, organizaciones sociales, todas con un único fin: luchar para volver a un sistema de sanidad pública y universal.
Hemos mantenido sin desánimo esa lucha durante todo este tiempo, obteniendo pequeños y grandes logros. Un logro ha sido el mantener la denuncia y el debate en los medios de comunicación. Logros en los dos cambios legislativos que se han producido en Cantabria y, lo más importante, logros en la atención a las personas a quienes de manera inhumana se les había retirado la asistencia sanitaria primaria y las medicinas. Ha sido un trabajo conjunto y continuado. Hemos obtenido el apoyo de todos los partidos políticos (salvo el Partido Popular y Ciudadanos), del Parlamento de Cantabria, de Asociaciones y distintas ONG (laicas y religiosas), del propio Obispo de Santander, de Medios de Comunicación, del personal sanitario, de Colegios Profesionales y de un sector importante de la ciudadanía.
Después del “sexenio negro” de la historia de España estamos a las puertas de lograr una sociedad más justa, con mayor equidad y más solidaria. Una sociedad de la diversidad, de la justicia social, del feminismo, del ecologismo y del pacifismo.
El miércoles 20 de junio de 2018 se puede convertir en el principio del fin de esa nefasta época de nuestro país. La Plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria” estará presente (junto con otras organizaciones similares del Estado español) en una reunión con la Ministra de Sanidad en la que se escenificará el apoyo social a la medida esperada: la vuelta a la sanidad pública y universal.

A partir de ahora nos dedicaremos a seguir luchando por el cumplimiento real de los Derechos Humanos y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


resumen de la reunión (por nuestra representante Adriana)

Artículo en El Faradio

jueves, 7 de junio de 2018

Es la hora de la sanidad universal


Es la hora de la sanidad universal


La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.


Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.


ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla
Amnistía Internacional
Apoyo Positivo
ARI-PERU
Asociación Camino de Fe y Esperanza
Asociación "El Pueblo que queremos"
Asociación de Enfermería Comunitaria
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Sociocultural Entre Mares
CALCSICOVA
Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Foro Galego de Inmigración
Fundación BACHUE
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)
Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria
Red Acoge
Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)
Red Transnacional de Mujeres
Salud por Derecho
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Trabajando en Positivo
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)

lunes, 7 de mayo de 2018

Derecho a la salud para todos, sin discriminación

Publicado en El Diario Montañés el 7-5-2018

Fernando Gutiérrez Gómez
Amnistía Internacional Cantabria 

Este 20 de abril cumplió seis años el Real Decreto Ley 16/2012 sobre la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario que, entre otras medidas “de austeridad”, quitó la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. Y este triste aniversario de una discriminación aún no corregida viene a coincidir con el reciente dictamen de este 29 de marzo sobre  el examen de España ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (Comité DESC).
La lectura cuidadosa del documento de observaciones finales de este Comité deja una imagen que debiera avergonzar a nuestro Gobierno central. Así, en su observación número 42 nos dice “el Comité insta al Estado parte que lleve a cabo una evaluación exhaustiva sobre el impacto que ha tenido la aplicación del Real Decreto-ley 16/2012 en el disfrute del derecho del más alto nivel posible de salud a fin de llevar a cabo los reajustes necesarios para garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios y atención de salud, incluyendo la derogación de las disposiciones que implicaron retrocesos en la protección del derecho a la salud. Además, le insta a que tome las medidas necesarias para que los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 2 y 12 del Pacto."
Usted que me lee, se preguntará cómo es posible tal disparidad entre nuestras obligaciones  de derecho internacional y la práctica interna que mantiene a unos ciudadanos como de segunda clase, a los que se les niega un derecho tan básico como el que te vea el médico de familia. La misma contradicción la enfrentan los responsables sanitarios autonómicos (también del PP) cuando se ven obligados a establecer medidas complementarias en su ámbito regional para corregir tal injusticia (también para proteger la salud pública).
Sin embargo, en un ejercicio autoritario difícil de entender, el Ministerio de Sanidad ha ido recurriendo la legalidad de estas normas complementarias cuando eran aprobadas en autonomías no gobernadas por el PP. Y, desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, en varias sentencias con votos discrepantes, le ha ido dando la razón al Ministerio, sin prestar la debida atención a las obligaciones que nos impone el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Tribunal Constitucional da por buena la potestad del Gobierno central para reducir la atención sanitaria a los migrantes en situación irregular. No es este el momento ni el lugar de hablar sobre el sistema de elección de los magistrados de este alto tribunal, pero algún día tendrá que dar marcha atrás en este asunto y obedecer el mandato del Comité DESC de Naciones Unidas.
De otros aspectos de la reforma sanitaria que han ido significando un deterioro de la calidad de la asistencia, tales como el aumento del copago farmacéutico, los numerosos medicamentos para males "menores" que fueron excluidos del catálogo cubierto, el aumento de las listas de espera, la mayor carga de trabajo sobre el personal sanitario, la asistencia a la salud mental, etc., se ha ocupado un estudio de investigadores de Amnistía Internacional llevado a cabo en Andalucía y Galicia y presentado el pasado día 24 que se titula "La receta equivocada". Su extensión y complejidad impiden reflejar aquí unas conclusiones que seguramente merecen otro artículo de opinión como este. Mientras, está disponible en internet para los lectores más interesados.
En cuanto a nuestra región, el gobierno autonómico bipartito mantiene con precariedad una norma que viene a salvar la discriminación impuesta desde el gobierno central y que garantiza la atención a todas aquellas personas que no tengan ningún tipo de cobertura sanitaria reconocida. Para que esto no se tuerza y para que, finalmente, el gobierno central modifique el denostado Real Decreto-Ley, sigue siendo imprescindible el apoyo de todos los agentes sociales.
Entre estos agentes, conviene señalar a una ONG local, la Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria", que viene denunciando el retroceso en el derecho a la salud que supuso dicha norma, que acompaña a inmigrantes en situación irregular para facilitarles el acceso a un sistema sanitario que puede resultar dificultoso por la diversidad de las distintas situaciones personales y de origen de estas personas y que colabora con la autoridad sanitaria en el seguimiento periódico de la aplicación de la norma autonómica antes mencionada (la Orden SAN 38/2015).

jueves, 4 de enero de 2018

Por si acaso

La Consejería de Sanidad, con muy buen criterio, está pensando en la peor opción posible (que los tribunales anulen la Orden de Cantabria).


viernes, 7 de abril de 2017

Cartel para difundir

Cartel que debería estar en todos los Centros de Salud, colegios, Institutos, parroquias, Asociaciones, ONG, locutorios, ICASS, Cocina Económica,...


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