sábado, 9 de mayo de 2020

Seguimos trabajando por los DDHH

Casos detectados de denegación de asistencia sanitaria o trabas administrativas.

Web del SCS donde se accede a las solicitudes para extranjeros: 

https://www.scsalud.es/web/scs/asistencia-sanitaria-extranjeros.




Salimos del confinamiento y volvemos  la carga. Seguimos acompañando casos y seguimos en contacto con la Consejería de Sanidad para que nadie quede excluido. La Consejería está elaborando una orden para regular el acceso a extranjeros en situación irregular y nosotros les hemos presentado un largo escrito con nuestras sugerencias, entre otras, que no se olviden de las personas en situación regular, con permiso de residencia, sin seguro propio y sin recursos económicos suficientes, y que ahora están excluidas.

martes, 31 de diciembre de 2019

¿Ahora sí?

Encabezábamos una entrada anterior, en este blog, diciendo que el 6 de septiembre de 2018 fue un día histórico. Pasado el tiempo vimos que nos habíamos dejado llevar por la euforia del momento. Los problemas de exclusión sanitaria continuaron.
Ayer, 30 de diciembre de 2019, se firmó un acuerdo entre el PSOE y Podemos. Falta que se pueda formar Gobierno y que se ponga en marcha lo acordado. Si fuera así, si se cumpliera tal y como está escrito, como Plataforma pasaríamos a la "hibernación vigilante".

En ningún punto recoge "específicamente" el derecho de las personas sin permiso de residencia cuya exclusión motivó el surgimiento de nuestra plataforma. Entendemos que está en el espíritu y en la letra del acuerdo:  derecho a la protección a la salud a través del acceso universal,... acceso universal,... derecho subjetivo,... todas las personas, pero no queda recogido de manera explícita.

Mientras se deroga la nefasta norma 16/2012 y se aprueba la nueva ley, pedimos que se apliquen desde ya las medidas temporales que cubran las carencias del RDL 7/2018.

El Acuerdo de Gobierno dice así:

2.2.8.- Impulsaremos y adoptaremos las modificaciones normativas, legales y reglamentarias necesarias para garantizar la efectividad del derecho a la protección a la salud a través del acceso universal al Sistema Nacional de Salud. El RD-Ley 7/2018, sobre el acceso universal al SNS, se tramitará como una ley, que derogue definitivamente el RD-Ley 16/2012 y que, junto al reglamento que la desarrolle, garantice en todo caso los siguientes extremos:


  1. Trabajar conjuntamente entre la Administración Central y las comunidades autónomas, que son quienes ejercen mayoritariamente las competencias en materia de sanidad, para garantizar homogeneidad en el procedimiento de forma que la asistencia sanitaria será gratuita durante el periodo que existe entre la entrega del documento provisional y la emisión de la tarjeta sanitaria. Esto es, que no exista un periodo de carencia en el que una persona pueda quedarse sin recibir asistencia sanitaria debido a un problema burocrático o a que se pueda producir una interpretación dispar por parte de una administración. 
  2. Extender este derecho a las personas ascendientes que llegan desde países extracomunitarios, reagrupadas por sus hijas e hijos con nacionalidad española. 
  3. Garantizar la recuperación de la cobertura sanitaria gratuita en nuestro país a los ciudadanos y ciudadanas españoles que residen fuera de España y que no tienen derecho a la asistencia sanitaria reconocido por los países de acogida, o bien ese derecho no es exportable cuando se encuentren en territorio español.
  4. Cualesquiera otros cambios necesarios para garantizar el acceso universal a la atención sanitaria como un derecho subjetivo de todas las personas.

viernes, 11 de enero de 2019

¡Peligro!


REDER alerta de las consecuencias del pacto de Gobierno en Andalucía sobre la salud de miles de personas

Se teme que quienes enfermen dejen de acudir a los centros sanitarios por miedo a sufrir una detención, lo que puede incrementar la mortalidad

Viernes, 11 de enero de 2019.- El acuerdo de investidura alcanzado esta semana entre Partido Popular y VOX anticipa un grave retroceso en la universalidad del derecho a la salud en Andalucía. El discurso antiinmigración enarbolado por el partido de ultraderecha ha encontrado hueco entre varios de los puntos referidos a sanidad que integran el pacto acordado con los populares y amenaza con restringir el derecho a la atención sanitaria de miles de personas.

En primer lugar, ambos partidos convienen en apoyar documentalmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de control migratorio. Se pretende así abrir la puerta a que desde la Consejería de Salud se pueda compartir con la Policía Nacional la información relativa a las personas en situación irregular registradas como usuarias del servicio andaluz de salud, con el fin de proceder a su expulsión. Esta medida, inviable desde un punto de vista legal por contradecir frontalmente lo establecido en la legislación española en materia de protección de datos, puede tener sin embargo un importante efecto disuasorio a la hora de que las personas en situación irregular acudan a los centros sanitarios en busca de la atención que necesitan. Desincentivar el uso de los servicios sanitarios rompe con el principio de prevención que debe informar el sistema, poniendo en serio riesgo la salud individual y colectiva.

Afortunadamente, tal y como ocurrió en 2012 tras la aprobación del Real Decreto-Ley que instauró la exclusión sanitaria, la respuesta del colectivo médico ha sido ejemplar. Así, el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos de Andalucía ha dejado claro que la función del personal sanitario es atender a las personas y nada tiene que ver con el control migratorio, comprometiéndose en consecuencia a no identificar a nadie por su estatus administrativo.

Por otro lado VOX y PP también han acordado, de forma escueta, luchar contra el turismo sanitario. La equiparación entre turismo sanitario e inmigración irregular ha sido uno de los argumentos más recurrentes para justificar la limitación del derecho a la salud de las personas migrantes. Esta confusión, sin duda interesada, es falaz pues se refiere a dos fenómenos radicalmente distintos. Mientras las migrantes son personas jóvenes y sanas que vienen a España con el fin de instalarse e iniciar un proyecto de vida, el perfil de turista sanitario es el de una persona de edad avanzada, con recursos y habitualmente de nacionalidad europea que acude a España atraída por la alta calidad de su sistema sanitario con el fin primordial de ser atendida. La presunción de abuso del sistema por parte de las primeras únicamente obedece a motivaciones xenófobas que estigmatizan a un grupo de población que, tal y como demuestran diversos estudios, realizan un uso de los servicios sanitarios ostensiblemente inferior al que hacen las personas nacionales.

Resulta desolador observar como una de las primeras comunidades en plantar cara a la exclusión sanitaria en 2012, apostando por mantener la integridad y solidaridad de su sistema de salud, puede ahora virar hacia una política regresiva en derechos que ha demostrado ser devastadora en términos humanos y de gestión sanitaria. Las organizaciones de REDER hemos documentado durante años los terribles efectos que estas políticas han tenido sobre miles de personas que viven, trabajan y contribuyen a nuestra sociedad. La desatención de enfermedades graves como cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares, hipertensión o VIH se ha cobrado vidas por el camino. Algunas aún resuenan con nombre propio como Alpha Pam, otras muchas se han desvanecido en el anonimato. Así nos lo recuerda un estudio de la Universidad Pompeu Fabra que constata un incremento de hasta el 15% en la mortalidad de la población migrante en situación irregular como consecuencia de la exclusión sanitaria.

Asimismo, diversas investigaciones, como la realizada por el Observatorio Vasco de la Inmigración – Ikuspegi en 2015, demuestran que las personas migrantes aportan a la economía del país y al mantenimiento del Estado Social más de lo que reciben a cambio. Conviene recordar una vez más que nuestro sistema sanitario se financia exclusivamente a través de impuestos, de modo que cualquier persona que vive en España contribuye al sostenimiento del mismo a través de los impuestos indirectos que gravan su consumo. Sin embargo, a pesar del evidente efecto positivo que la migración tiene en nuestra sociedad, lejos de apostar por una política migratoria que favorezca y facilite la regularización de estas personas, seguimos asistiendo a intentos de criminalización de las mismas en base a una situación meramente administrativa.

Por todo ello, desde la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 condenamos enérgicamente este acuerdo que busca profundizar la exclusión sanitaria de una parte de la población de Andalucía. Del mismo modo instamos a las autoridades políticas y sanitarias de la comunidad andaluza a respetar el marco legal establecido en el Real Decreto-Ley 7/2018 que reconoce a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española, así como las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos recogidas en los acuerdos y tratados de los que España es parte.

jueves, 6 de septiembre de 2018

¡6 de septiembre de 2018, día histórico!

Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al SistemaNacional de Salud.

España vuelve a tener sanidad universal

Pati y otros miembros de REDER a las puertas del Congreso

lunes, 18 de junio de 2018

Reunión con la Ministra de Sanidad

Hace más de seis años que nos indignamos ante una violación en España de uno de los Derechos Humanos: el derecho básico, fundamental e inviolable, el derecho a la salud.
Nos unimos personas con distintas edades, ideologías, profesiones, organizaciones sociales, todas con un único fin: luchar para volver a un sistema de sanidad pública y universal.
Hemos mantenido sin desánimo esa lucha durante todo este tiempo, obteniendo pequeños y grandes logros. Un logro ha sido el mantener la denuncia y el debate en los medios de comunicación. Logros en los dos cambios legislativos que se han producido en Cantabria y, lo más importante, logros en la atención a las personas a quienes de manera inhumana se les había retirado la asistencia sanitaria primaria y las medicinas. Ha sido un trabajo conjunto y continuado. Hemos obtenido el apoyo de todos los partidos políticos (salvo el Partido Popular y Ciudadanos), del Parlamento de Cantabria, de Asociaciones y distintas ONG (laicas y religiosas), del propio Obispo de Santander, de Medios de Comunicación, del personal sanitario, de Colegios Profesionales y de un sector importante de la ciudadanía.
Después del “sexenio negro” de la historia de España estamos a las puertas de lograr una sociedad más justa, con mayor equidad y más solidaria. Una sociedad de la diversidad, de la justicia social, del feminismo, del ecologismo y del pacifismo.
El miércoles 20 de junio de 2018 se puede convertir en el principio del fin de esa nefasta época de nuestro país. La Plataforma “Ciudadanía contra la exclusión sanitaria” estará presente (junto con otras organizaciones similares del Estado español) en una reunión con la Ministra de Sanidad en la que se escenificará el apoyo social a la medida esperada: la vuelta a la sanidad pública y universal.

A partir de ahora nos dedicaremos a seguir luchando por el cumplimiento real de los Derechos Humanos y por los Objetivos de Desarrollo Sostenible.


resumen de la reunión (por nuestra representante Adriana)

Artículo en El Faradio

jueves, 7 de junio de 2018

Es la hora de la sanidad universal


Es la hora de la sanidad universal


La nueva ministra Montón tiene por delante la oportunidad de revertir los devastadores efectos del Real Decreto-Ley 16/2012

El compromiso con la necesidad de garantizar una sanidad pública y universal, que hasta ahora ha mostrado la nueva ministra de sanidad, Carmen Montón, en su papel como consejera en la Comunidad Valenciana, se añade a las declaraciones realizadas por Pedro Sánchez la semana pasada en el Congreso, en las que afirmaba su intención de retornar a la sanidad universal y devolver el acceso a la atención sanitaria a todas las personas que viven en nuestro país que fueron excluidas de ella".

En ese sentido, las organizaciones en defensa del derecho a la salud abajo firmantes, quieren instar a la nueva ministra a adoptar sin mayor dilación las medidas legislativas necesarias que devuelvan el derecho a la asistencia sanitaria a todas las personas que viven en España independientemente de su situación administrativa. Asimismo, las organizaciones exigen al nuevo Gobierno que aproveche el resto de legislatura para recapitalizar el SNS garantizando una asignación presupuestaria que fortalezca su carácter público, su calidad y eficiencia.

Las organizaciones firmantes dan la bienvenida a este cambio de enfoque del Ejecutivo que recoge el contenido del Pacto Político y Social por un Sistema Nacional de Salud Público y Universal promovido por más de 70 organizaciones sociales, profesionales y sindicales y firmado el pasado mes de septiembre por todos los partidos de la Cámara Baja a excepción de PP, Ciudadanos, UPN y Foro Asturias.

Seis años de devastadores efectos del RDL 16/2012

Han transcurrido seis años desde la imposición de la exclusión sanitaria por medio del Real Decreto-Ley 16/2012 que expulsaba del sistema a cientos de miles de personas. Desde entonces la urgencia de revertir esta situación no ha hecho sino aumentar. A las múltiples y persistentes vulneraciones del derecho a la salud consecuencia del RDL (documentadas en los informes de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 – REDER) se suma la situación creada por las últimas sentencias del Tribunal Constitucional que niega la competencia de las Comunidades Autónomas para otorgar acceso al SNS a las personas excluidas por el RDL, contraviniendo así la obligación de todos los poderes públicos de velar por el cumplimiento de los derechos humanos.

La exclusión sanitaria es una medida discriminatoria que se ensaña con las personas más vulnerables y constituye por ello un incumplimiento de las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, tal y como ha concluido recientemente el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que se suma a una larga lista de mecanismos internacionales que han exigido a España la reforma del RDL.

Además, según han denunciado las distintas organizaciones, la adopción del RDL no se sostiene tampoco desde una perspectiva de eficiencia del sistema, pues según demuestran diversos estudios, el uso que las personas migrantes hacen del sistema sanitario es sensiblemente inferior al de las nacionales. Igualmente, un sistema basado en la prevención a través de una atención primaria universal es menos costoso para las arcas públicas que aquel que limita la atención a las urgencias y acaba derivando en hospitalizaciones que podían haber sido prevenidas.

Por último, no se puede obviar que el RDL forma parte del marco de las políticas de austeridad que han supuesto un importante debilitamiento del sistema público de salud. Así, la importante caída del presupuesto público de sanidad, las reducciones de plantilla o la ampliación del sistema de copagos han minado sensiblemente la calidad de nuestro SNS y su papel fundamental como pilar del Estado Social. Así se desprende de los informes de las Organizaciones Sindicales, CCOO y UGT, como en los recientes de Amnistía Internacional y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública.


Un nuevo contexto

Tras las últimas elecciones generales de 2016, el Congreso quedó configurado por una mayoría de partidos políticos que recogían en sus respectivos programas la promesa de poner fin a la exclusión sanitaria de las personas migrantes en situación irregular. No obstante, la continuidad del Ejecutivo del Partido Popular puso freno a esta aspiración mayoritaria. Así, la prerrogativa de veto a iniciativas parlamentarias que la Constitución atribuye al Gobierno en su artículo 134.6 fue usado por este para impedir cualquier intento de modificar la reforma sanitaria de 2012. A pesar de ello, todos estos partidos reafirmaron su compromiso con la universalidad el pasado mes de septiembre. Ahora, estos mismos partidos han respaldado la investidura de Pedro Sánchez abriendo la puerta a un nuevo contexto político. Las organizaciones firmantes confían en que tanto el nuevo Gobierno como los grupos parlamentarios de aquellos partidos que suscribieron el Pacto Político y Social colaboren para devolver la dignidad a nuestro sistema sanitario. Es la hora de la sanidad universal.


ORGANIZACIONES FIRMANTES:

Adhara-Sevilla
Amnistía Internacional
Apoyo Positivo
ARI-PERU
Asociación Camino de Fe y Esperanza
Asociación "El Pueblo que queremos"
Asociación de Enfermería Comunitaria
Asociación de Usuarios de la Sanidad de la Región de Murcia
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía
Asociación Sociocultural Entre Mares
CALCSICOVA
Centro Internacional de Servicios para Inmigrantes (CIS)
Comisiones Obreras (CCOO)
Consejo General de Colegios Oficiales de Psicólogos
Coordinadora Estatal de VIH y sida (CESIDA)
Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
Federación estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales (FELGTB)
Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE)
Foro Galego de Inmigración
Fundación BACHUE
Grupo de Educadores de Calle y Trabajo con Menores (GREC)
Médicos del Mundo
Medicusmundi
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la Comunitat Valenciana (ODUSALUD)
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya (PASUCAT)
Plataforma Ciudadanía contra la exclusión sanitaria
Red Acoge
Red de Denuncia y Resistencia contra el RDL 16/2012 (REDER)
Red Transnacional de Mujeres
Salud por Derecho
Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (semFYC)
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG)
Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS)
Trabajando en Positivo
Unión General de Trabajadores (UGT)
Unión Sindical Obrera (USO)