Manifiesto

No a la exclusión sanitaria de los inmigrantes sin permiso de residencia

El 1 de septiembre con la entrada en vigor del artículo 3 del RD16/2012, el gobierno del Partido Popular, ha roto con el sistema de atención sanitaria universal, vigente en España desde los años ochenta. Esta medida excluye a los inmigrantes sin permiso de residencia, aunque estén empadronados (único requisito hasta el momento para acceder a la tarjeta sanitaria), del acceso a la asistencia sanitaria pública.

La medida se encuadra dentro del conjunto de injustificados recortes de los servicios públicos, y de otros derechos sociales que se vienen produciendo en los últimos años con la falsa excusa de la crisis financiera. Dichos derechos están recogidos en la Constitución española y en los convenios internacionales suscritos por España, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Esta medida va a suponer una agresión de mayor calado, si cabe, que las demás. Por una parte, se dirige contra un colectivo en situación de gran precariedad y con fuertes dificultades para defenderse organizadamente. Y, por otra, establece una categoría objetiva de desigualdad, de apartheid, al excluirlos de la atención sanitaria universal. Este hecho no solo es una infamia, es también un precedente. ¿Quiénes seremos los próximos?

La justificación oficial de esta medida pasa por la criminalización del grupo excluido, de tal manera que el resto de la población les culpabilice de los problemas de los servicios públicos de salud y apoye su exclusión.

Esta criminalización se basa en un conjunto de falsedades, tales como el uso abusivo por los inmigrantes de los servicios sanitarios, su no participación en la financiación de los mismos, o su presencia en España solo para acceder a los servicios sanitarios. En cuanto al primer punto, diferentes informes, como el realizado por la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), ponen de manifiesto exactamente lo contrario. En cuanto al segundo, recordemos solamente la importancia que los impuestos indirectos tienen en nuestro injusto sistema fiscal, los inmigrantes compran y pagan lo que pueden y financian los servicios públicos sanitarios con los impuestos asociados a su consumo, como el resto de la ciudadanía. En cuanto al tercero, confunde deliberadamente a los inmigrantes sin papeles con los ciudadanos de la UE que de forma sistemática utilizan nuestro sistema público de salud sin que se les cobre nada.

Afortunadamente, el grado de insolidaridad y de peligro asociados a la aplicación de esta medida ha generado una importante corriente de oposición a la misma, expresada en diferentes iniciativas de apoyo a los inmigrantes excluidos de la atención sanitaria. Dentro de dichas iniciativas promovidas por la Semfyc junto con el apoyo de Médicos del Mundo y la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública entre otras, cabe señalar la de la objeción de conciencia del personal sanitario a la aplicación de la exclusión.

En Cantabria y según las cifras de la Consejería de Sanidad, el número de inmigrantes que se han visto privados de la tarjeta sanitaria es de cerca de cinco mil.

Ante esta situación desde la Plataforma en defensa de lo Público, estamos organizando una iniciativa de solidaridad con los inmigrantes excluidos de la atención sanitaria pública, y de denuncia de la administración y sus políticas. Dicha iniciativa incluye el apoyo a los sanitarios que están ejerciendo la objeción y atendiendo a todas las personas que lo precisan.

Pretendemos construir una red de acompañamiento que promueva el acceso de los inmigrantes sin tarjeta sanitaria al sistema público, reduciendo su invisibilidad y facilitando su relación con los sanitarios públicos.

Pretendemos hacer llegar el máximo apoyo y aliento posibles a las trabajadoras y trabajadores de la sanidad pública de Cantabria que atienden y atenderán a los inmigrantes sin tarjeta, con la misma profesionalidad y dedicación que lo han hecho hasta ahora.

Pretendemos contribuir a la denuncia de las consecuencias que la exclusión de cientos de miles de personas de la atención sanitaria pública tendrá sobre la salud pública, la cohesión y la igualdad social.

Llamamos al conjunto de la ciudadanía a apoyar a sus vecinos y compañeros de trabajo o desempleo, injustamente excluidos de un derecho humano fundamental. Así como a manifestar de todas las maneras posibles su rechazo y oposición a medidas que rompen con los derechos sociales duramente conseguidos por generaciones anteriores y que tenemos la obligación de preservar para las que vendrán.