El Real Decreto 16/2012
se intenta justificar en que hay que abordar el colapso de nuestro
sistema público de salud. Se da por supuesto que su funcionamiento
es catastrófico y que gracias a esta reforma el Ministerio va a
economizar muchos gastos. La medida más significativa y radical es
la que se recoge en su artículo 3. Establece el fin de un derecho
esencial. Supone la exclusión de la asistencia sanitaria pública,
salvo urgencias y embarazos, de todos los inmigrantes mayores de 18
años no registrados ni autorizados como residentes, lo que afecta a
quienes no tienen ni trabajo ni papeles. No cotizan, no tienen
derecho. En Cantabria, una de las comunidades donde se ha aplicado a
rajatabla ha afectado a unos 5000 inmigrantes sin papeles… cinco
mil personas.
Hasta ahora teníamos en
España y en Cantabria un sistema público de salud universal que
contemplaba el derecho a que cualquier enfermo, con independencia de
su condición legal o “ilegal”, fuera atendido con los
tratamientos y fármacos requeridos. Según el Gobierno esta
situación resulta insostenible, porque en una época de crisis
financiera tienen que ahorrar en todos los capítulos, aunque se
trate de algo tan básico como la salud de las personas. Y, al paso,
deja extenderse la falacia, que le viene muy bien para justificar lo
injustificable, de que los inmigrantes hacen un uso abusivo y
fraudulento del sistema que no debemos ni podemos tolerar. Es falso
que los trabajadores inmigrantes abusen de nuestros servicios
sanitarios. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de
Familia (Semfyc) afirma que los inmigrantes son los que menos los
utilizan, porque en su mayoría son jóvenes con buena salud; los que
llegan son los más fuertes de sus familias. Además no se les está
regalando nada. Miles de inmigrantes han trabajado muchos años aquí,
han cotizado y pagado sus impuestos y si ahora no pueden aportar
porque se han quedado en el paro, como los otros 6 millones de
españoles, no es por gusto. Negarles la condición de asegurados,
obligarles a pagar por ir al médico, es una discriminación y una
nueva modalidad de estafa. La sanidad la pagamos todos, ellos
también; se financia no sólo con los impuestos directos sino
también con los indirectos que alcanzan hasta a la barra de pan de
la familia más humilde.
El Gobierno utiliza la
estrategia de la confusión también con el llamado “turismo
sanitario”. Están convencidos de que los ciudadanos no nos
enteramos de la misa la media y que es fácil echarle también este
sambenito a los trabajadores inmigrantes, cuando éste es un problema
de mala gestión y responsabilidad exclusivamente suya. ¿Alguien
puede esperar ya de su probada eficacia que se estén realizando
inspecciones rigurosas y adoptando inteligentes iniciativas
administrativas para evitar que ciudadanos de la Unión Europea
vengan a operarse y beneficiarse de mil maneras de nuestras
prestaciones de forma gratuita, cuando han estado cotizando en sus
países de origen que, por cierto, son mucho más ricos que nosotros?
En la misma línea, seguro que nuestros sagaces responsables
políticos se están devanando los sesos para que acaudaladas mutuas
y millonarias agencias de seguros paguen al Ministerio de Sanidad las
muchas deudas atrasadas.
El actual Gobierno
maneja un ariete machacón contra nuestra resistencia a aceptar sus
políticas y es el de echarle la culpa al anterior Gobierno. No voy a
subscribir la política de la socialdemocracia de nuestro país,
pero, ¡ya está bien!, que cada palo aguante su vela. Sus ignorantes
testaferros reiteran día tras día, con absoluto desprecio a nuestra
inteligencia, que su propósito es poner cordura para asegurar lo que
se pueda de nuestro sistema de salud, cuando lo que vemos es el
desmantelamiento y la deriva impetuosa hacia la privatización de
nuestros servicios sociales.
Es éste un Gobierno de
políticos muy sensibles a las carencias de los más necesitados de
acuerdo con sus arraigadas convicciones morales, muy conscientes del
dolor que estas nuevas normas están causando, pero que no van a caer
en ninguna debilidad sensiblera, ni siquiera en estas tradicionales
fechas en que entonarán alegres villancicos de amor al prójimo bajo
las blancas guirnaldas. No se van a arrepentir de nada porque tienen
muy claras las prioridades. Y es que para sostener nuestro sistema no
sirve el sentimentalismo con los inmigrantes en situación de
precariedad, sino que debemos vacunarnos contra la solidaridad y
también arrimar el hombro, todos a una, también los españoles,
aceptando que el copago es imprescindible y que además de los
fármacos tendremos que abonar otros muchos servicios, como el de
ambulancias, porque la gente le ha tomado gusto a pasearse en
camilla. Hemos de entender asimismo que, a partir de ahora, todo lo
ellos valoren como deficitario o, por el contrario, sea susceptible
de negocio rentable, se va a privatizar.
Disfrutamos a placer de
unos ministros y consejeros, a cual más antipático, que han sabido
explicar que sus fulminantes decretos son necesarios y que la única
forma de salir de la crisis es que los ciudadanos de a pie carguen
con ella porque han vivido por encima de sus posibilidades. Asombra
ver con qué aplomo adoptan medidas de extrema impopularidad sin que
les tiemble el pulso, firmes en su defensa de los poderosos que
atracan a los de abajo, inmutables a las indignadas demandas contra
la impunidad y los privilegios de la clase política. Resulta
sorprendente la persistencia de este Gobierno en sus mentiras, su
sumisión a los mandamases europeos y su falta de ideas para relanzar
la economía y solucionar problemas, de modo que si expidieran un
“certificado de cabreo” la cola sería más larga que la del
paro.
El derecho a la salud
está en la Declaración de los Derechos Humanos, esos derechos que
nuestro hipócrita Gobierno conmemora cada año. Es un derecho
fundamental que corresponde a todas las personas humanas por el solo
hecho de ser personas. No se puede vulnerar así como así. No se le
puede negar a nadie, aunque no cotice, y como es un derecho básico
tampoco se puede cobrar ni facturar a quien no tiene recursos.
Es más que discutible
que vayamos a ahorrar algo, seguramente va a ser al revés. Es más
fácil prevenir que curar y mucho más barata la atención primaria
que la de urgencias. La medida, a costa de mucho sufrimiento es de
gran eficacia disuasoria, una forma de expulsión pasiva del país de
quienes no tienen trabajo o recursos. De los que permanecen muchos
enfermos no van al médico porque temen a la facturación, van
aguantando como pueden. La peor situación la padecen quienes tienen
enfermedades crónicas porque ya no se cubre el tratamiento ni las
medicinas. Están condenados a no sanar.
La exclusión sanitaria
de los inmigrantes irregulares es una medida miserable, cara e
ineficaz; va a colapsar los servicios de urgencia y va a originar
problemas de salud que teníamos superados. Constituye un riesgo de
contagio de enfermedades infecciosas (hepatitis, tuberculosis, VIH,
etc.), porque no se van a controlar, porque los inmigrantes sin
papeles a la fuerza se esconden.
Menos mal que hay muchos
sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, etc.,
que se han hecho objetores de conciencia porque no van a renegar de
su juramento hipocrático que, entre otros grandes principios, dice:
“La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis
preocupaciones. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan
a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de
raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana.
Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos
contra las leyes de la humanidad”.
Menos mal que no están
solos, que hay gente comprometida dispuesta a acompañarles y a hacer
ver que no debemos permitir este atropello, que no es una cuestión
de caridad, sino de justicia.
Menos mal que en su
reciente Auto el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón a
nosotros y se la ha quitado al Gobierno. El TC ha avalado que el
derecho constitucional de la salud debe prevalecer por encima del
supuesto ahorro en la asistencia sanitaria y que esta discriminación
no sólo afecta a la salud de este colectivo sino a la de todos
nosotros.
Menos mal que con sus
decretos intolerables este Gobierno impulsa, a su pesar, la rebeldía
y las fuerzas de los que sabemos que otro mundo es posible.
La Consejería de
Sanidad de Cantabria tiene que rectificar ya, porque la salud es de
todos y para todos.
Isabel Tejerina
Portavoz de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria
Nota.- Esta es la versión íntegra (en El Diario Montañés de 31-12-12 se publica una reducida, por motivos de espacio)
Isabel Tejerina
Portavoz de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria
Nota.- Esta es la versión íntegra (en El Diario Montañés de 31-12-12 se publica una reducida, por motivos de espacio)
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