El Real Decreto 16/2012 se intenta justificar en que hay que abordar el colapso de nuestro sistema público de salud. Se da por supuesto que su funcionamiento es catastrófico y que gracias a esta reforma el Ministerio va a economizar muchos gastos. La medida más significativa y radical es la que se recoge en su artículo 3. Establece el fin de un derecho esencial. Supone la exclusión de la asistencia sanitaria pública, salvo urgencias y embarazos, de todos los inmigrantes mayores de 18 años no registrados ni autorizados como residentes, lo que afecta a quienes no tienen ni trabajo ni papeles. No cotizan, no tienen derecho. En Cantabria, una de las comunidades donde se ha aplicado a rajatabla ha afectado a unos 5000 inmigrantes sin papeles… cinco mil personas.
Hasta ahora teníamos en España y en Cantabria un sistema público de salud universal que contemplaba el derecho a que cualquier enfermo, con independencia de su condición legal o “ilegal”, fuera atendido con los tratamientos y fármacos requeridos. Según el Gobierno esta situación resulta insostenible, porque en una época de crisis financiera tienen que ahorrar en todos los capítulos, aunque se trate de algo tan básico como la salud de las personas. Y, al paso, deja extenderse la falacia, que le viene muy bien para justificar lo injustificable, de que los inmigrantes hacen un uso abusivo y fraudulento del sistema que no debemos ni podemos tolerar. Es falso que los trabajadores inmigrantes abusen de nuestros servicios sanitarios. Un informe de la Sociedad Española de Medicina de Familia (Semfyc) afirma que los inmigrantes son los que menos los utilizan, porque en su mayoría son jóvenes con buena salud; los que llegan son los más fuertes de sus familias. Además no se les está regalando nada. Miles de inmigrantes han trabajado muchos años aquí, han cotizado y pagado sus impuestos y si ahora no pueden aportar porque se han quedado en el paro, como los otros 6 millones de españoles, no es por gusto. Negarles la condición de asegurados, obligarles a pagar por ir al médico, es una discriminación y una nueva modalidad de estafa. La sanidad la pagamos todos, ellos también; se financia no sólo con los impuestos directos sino también con los indirectos que alcanzan hasta a la barra de pan de la familia más humilde.
El Gobierno utiliza la estrategia de la confusión también con el llamado “turismo sanitario”. Están convencidos de que los ciudadanos no nos enteramos de la misa la media y que es fácil echarle también este sambenito a los trabajadores inmigrantes, cuando éste es un problema de mala gestión y responsabilidad exclusivamente suya. ¿Alguien puede esperar ya de su probada eficacia que se estén realizando inspecciones rigurosas y adoptando inteligentes iniciativas administrativas para evitar que ciudadanos de la Unión Europea vengan a operarse y beneficiarse de mil maneras de nuestras prestaciones de forma gratuita, cuando han estado cotizando en sus países de origen que, por cierto, son mucho más ricos que nosotros? En la misma línea, seguro que nuestros sagaces responsables políticos se están devanando los sesos para que acaudaladas mutuas y millonarias agencias de seguros paguen al Ministerio de Sanidad las muchas deudas atrasadas.
El actual Gobierno maneja un ariete machacón contra nuestra resistencia a aceptar sus políticas y es el de echarle la culpa al anterior Gobierno. No voy a subscribir la política de la socialdemocracia de nuestro país, pero, ¡ya está bien!, que cada palo aguante su vela. Sus ignorantes testaferros reiteran día tras día, con absoluto desprecio a nuestra inteligencia, que su propósito es poner cordura para asegurar lo que se pueda de nuestro sistema de salud, cuando lo que vemos es el desmantelamiento y la deriva impetuosa hacia la privatización de nuestros servicios sociales.
Es éste un Gobierno de políticos muy sensibles a las carencias de los más necesitados de acuerdo con sus arraigadas convicciones morales, muy conscientes del dolor que estas nuevas normas están causando, pero que no van a caer en ninguna debilidad sensiblera, ni siquiera en estas tradicionales fechas en que entonarán alegres villancicos de amor al prójimo bajo las blancas guirnaldas. No se van a arrepentir de nada porque tienen muy claras las prioridades. Y es que para sostener nuestro sistema no sirve el sentimentalismo con los inmigrantes en situación de precariedad, sino que debemos vacunarnos contra la solidaridad y también arrimar el hombro, todos a una, también los españoles, aceptando que el copago es imprescindible y que además de los fármacos tendremos que abonar otros muchos servicios, como el de ambulancias, porque la gente le ha tomado gusto a pasearse en camilla. Hemos de entender asimismo que, a partir de ahora, todo lo ellos valoren como deficitario o, por el contrario, sea susceptible de negocio rentable, se va a privatizar.
Disfrutamos a placer de unos ministros y consejeros, a cual más antipático, que han sabido explicar que sus fulminantes decretos son necesarios y que la única forma de salir de la crisis es que los ciudadanos de a pie carguen con ella porque han vivido por encima de sus posibilidades. Asombra ver con qué aplomo adoptan medidas de extrema impopularidad sin que les tiemble el pulso, firmes en su defensa de los poderosos que atracan a los de abajo, inmutables a las indignadas demandas contra la impunidad y los privilegios de la clase política. Resulta sorprendente la persistencia de este Gobierno en sus mentiras, su sumisión a los mandamases europeos y su falta de ideas para relanzar la economía y solucionar problemas, de modo que si expidieran un “certificado de cabreo” la cola sería más larga que la del paro.
El derecho a la salud está en la Declaración de los Derechos Humanos, esos derechos que nuestro hipócrita Gobierno conmemora cada año. Es un derecho fundamental que corresponde a todas las personas humanas por el solo hecho de ser personas. No se puede vulnerar así como así. No se le puede negar a nadie, aunque no cotice, y como es un derecho básico tampoco se puede cobrar ni facturar a quien no tiene recursos.
Es más que discutible que vayamos a ahorrar algo, seguramente va a ser al revés. Es más fácil prevenir que curar y mucho más barata la atención primaria que la de urgencias. La medida, a costa de mucho sufrimiento es de gran eficacia disuasoria, una forma de expulsión pasiva del país de quienes no tienen trabajo o recursos. De los que permanecen muchos enfermos no van al médico porque temen a la facturación, van aguantando como pueden. La peor situación la padecen quienes tienen enfermedades crónicas porque ya no se cubre el tratamiento ni las medicinas. Están condenados a no sanar.
La exclusión sanitaria de los inmigrantes irregulares es una medida miserable, cara e ineficaz; va a colapsar los servicios de urgencia y va a originar problemas de salud que teníamos superados. Constituye un riesgo de contagio de enfermedades infecciosas (hepatitis, tuberculosis, VIH, etc.), porque no se van a controlar, porque los inmigrantes sin papeles a la fuerza se esconden.
Menos mal que hay muchos sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, administrativos, etc., que se han hecho objetores de conciencia porque no van a renegar de su juramento hipocrático que, entre otros grandes principios, dice: “La salud y la vida del enfermo serán las primeras de mis preocupaciones. No permitiré que entre mi deber y mi enfermo vengan a interponerse consideraciones de religión, de nacionalidad, de raza, partido o clase. Tendré absoluto respeto por la vida humana. Aún bajo amenazas, no admitiré utilizar mis conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad”.
Menos mal que no están solos, que hay gente comprometida dispuesta a acompañarles y a hacer ver que no debemos permitir este atropello, que no es una cuestión de caridad, sino de justicia.
Menos mal que en su reciente Auto el Tribunal Constitucional nos ha dado la razón a nosotros y se la ha quitado al Gobierno. El TC ha avalado que el derecho constitucional de la salud debe prevalecer por encima del supuesto ahorro en la asistencia sanitaria y que esta discriminación no sólo afecta a la salud de este colectivo sino a la de todos nosotros.
Menos mal que con sus decretos intolerables este Gobierno impulsa, a su pesar, la rebeldía y las fuerzas de los que sabemos que otro mundo es posible.
La Consejería de Sanidad de Cantabria tiene que rectificar ya, porque la salud es de todos y para todos.
Isabel Tejerina
Portavoz de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria
Nota.- Esta es la versión íntegra (en El Diario Montañés de 31-12-12 se publica una reducida, por motivos de espacio)
Isabel Tejerina
Portavoz de la Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria
Nota.- Esta es la versión íntegra (en El Diario Montañés de 31-12-12 se publica una reducida, por motivos de espacio)
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