Comunicado del Colegio de Trabajo Social de Cantabria

Como profesionales comprometidos con la defensa de la Justicia Social, desde el Colegio de Trabajo Social de Cantabria mostramos nuestro rechazo a todas aquellas medidas que supongan una limitación en el acceso al Sistema Sanitario Público a aquellos grupos de población que presentan mayores indicadores de riesgo social, como son la población inmigrante en situación irregular.

El RD 16/2012 está dejando fuera de la atención sanitaria y el acceso a las prestaciones farmacéuticas no a todas aquellas personas extranjeras sin residencia legal en España, sino tan sólo a aquellos que presentan una mayor precariedad económica, aquellas que no se pueden permitir el acceso a la atención sanitaria ni en su país de origen ni de forma privada. No se trata de un decreto que excluya de la atención a las personas inmigrantes, sino tan sólo a los pobres, dando lugar a un sistema de salud restrictivo e injusto, que no garantiza el acceso a una atención adecuada de salud en condiciones de igualdad.

Desde nuestro trabajo diario estamos observando una nueva realidad socioeconómica, con necesidades emergentes que hacia varias décadas que no se observaban en nuestro contexto. Nos encontramos con personas que no pueden garantizar para sí mismas y sus familias, una vivienda digna, una alimentación adecuada y, ahora se le suma, la incapacidad de algunos grupos de población de poder acceder a una atención sanitaria de calidad y a los productos farmacéuticos que precisen. Incluso estamos viendo a personas que sí tienen reconocida la asistencia sanitaria, pero que ven limitada su recuperación debido a que no tienen medios económicos suficientes para hacer frente al gasto que supone el acceso a las prestaciones farmacéuticas, a una alimentación específica o a otros servicios de apoyo. Por tanto, la realidad que nos estamos encontrando es la de un sistema que avanza hacia mayores cotas de privatización, de tal forma que la restricción en el acceso a una atención sanitaria de calidad no sólo está afectando a las personas con residencia irregular, sino también a otros grupos de población que presentan altos índices de pobreza, marginación y de exclusión social.

Manifestamos, por tanto, nuestro apoyo e interés por colaborar con la plataforma “Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria” por su defensa de un sistema sanitario más justo y equitativo.

En Santander a 2 de septiembre de 2013