Pedimos soluciones

La Plataforma Ciudadana contra la Exclusión

Sanitaria pide soluciones urgentes para los 3300 emigrantes ilegales que hay en la región

ANA R. GARCÍA_ SANTANDER. 21-08-2013

El Diario Montañés

La Plataforma Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria urge soluciones para los más de 3.300 inmigrantes 'sin papeles' residentes en Cantabria que desde hace un año carecen de tarjeta sanitaria. Aunque admite que no se ha detectado ningún caso de denegación de asistencia sanitaria en la región, asegura que medio centenar de extranjeros indocumentados han sido atendidos gracias a su «insistencia en los acompañamientos» -un miembro de la plataforma acude al centro de salud o al hospital con el paciente y presiona para que se le asista- y a «da solidaridad de los profesionales». La plataforma, constituida tras la aprobación del Real Decreto sobre Sostenibilidad del Sistema Sanitario -abril de 2012-, lucha desde entonces para poner fin a esta medida «injusta e irracional», que económicamente «no supone ningún ahorro» y, desde el punto de vista sanitario puede dar lugar a contagios y «desencadenar, incluso, problemas de salud pública». Estos son los principales argumentos que expondrán a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, María José Sáenz de Buruaga, en una reunión, aún por concretar, que «previsiblemente se celebrará en el mes de septiembre» según señala José Antonio Sánchez Raba, coordinador de la plataforma.

«Queremos que se derogue el decreto, y si no es posible, al menos que se busquen soluciones intermedias, como se ha hecho ya en el País Vasco, Andalucía o Galicia», explica Sánchez Raba. En este último caso, por ejemplo, la Xunta aprobó un reglamento, que no vulnera la normativa estatal, según el cual los inmigrantes irregulares sólo tienen que figurar en el censo para obtener una tarjeta especial que les garantiza la atención médica. De lo contrario, tal y como establece el decreto, deberían abonar 60 euros para ser atendidos en una consulta rutinaria de cualquier centro de salud de la región y 160 euros por acudir a Urgencias.

Sensibilización social

«La consejera se ha comprometido a revisar el modelo gallego y confiamos en que finalmente pueda implantarse aquí», dice Sánchez Raba.

Mientras tanto, el colectivo lleva a cabo una importante labor de sensibilización social, acercando la problemática a diferentes colectivos.

«Para recabar apoyos, nos hemos reunido con los tres grupos parlamentarios, con los colegios profesionales de Médicos, Enfermería y Trabajadores Sociales, e incluso hemos solicitado una entrevista con el obispo de Santander, monseñor Vicente Jiménez, a quien queremos hacer llegar las consecuencias de esta medida ilógica con la que se está haciendo sufrir a la gente más vulnerable», añade el coordinador.

En el encuentro que la plataforma mantuvo recientemente con el Colegio Oficial de Médicos de Cantabria, obtuvo «el compromiso de su presidente, Tomás Cobo, de transmitir su preocupación por este asunto a los representantes del Foro de la Profesión Médica y de hablar con el gerente de Servicio Cántabro de Salud (SCS), Carlos León, para conocer las causas de la pérdida de contacto que ha existido entre la Consejería y el grupo de Amnistía Internacional de Cantabria después de la reunión que ambas partes tuvieron en mayo», informa el colectivo.