Obstáculos al derecho a la salud en Cantabria

Fernando Gutiérrez Gómez
Amnistía Internacional (Grupo de Cantabria)

Publicado en El Diario Montañés del 03-08-2013

“Al quitarme la tarjeta sanitaria, no puedo seguir los tratamientos (…) muchas noches comienzo a asfixiarme y no puedo dormir” cuenta Silvia Graciela Velázquez Clavería,  52 años, uruguaya. Llegó sola a España en 2003 para ayudar a su hija, que había llegado unos meses antes. Su marido, en España desde 2004 al igual que su hijo, tiene permiso de residencia, pero ella no. Trabajó informalmente hasta 2009 cuando, por serios problemas de salud de su hija, un juez otorgó a Silvia y a su marido la tutela de su nieta. Desde hace unos 7 años, Silvia padece de EPOC grave (Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica), un trastorno pulmonar cuyo síntoma principal es la disminución de la capacidad respiratoria y que se caracteriza por ser progresiva y, en general, no reversible. Además, sufre depresión.

Silvia nos resumió con claridad su situación: “Antes del Real Decreto me hacía controles cada 2, 3, 6 meses. Ahora nada. Los tratamientos son muy caros y sin la tarjeta sanitaria no puedo hacerlos. No tengo forma de saber cómo avanza mi EPOC”. Y continuó: “En enero (de 2013) fui a urgencias al hospital porque no podía respirar. La médica me dijo que tenía que hacerme muchas analíticas y me pidió que fuera a ventanilla para pedir turno con mi médico de cabecera; fui a ventanilla y ahí me dijeron que no tenía derecho a médico de cabecera. Lo grave es que no tengo forma de que me hagan un seguimiento de mi enfermedad crónica”. Además, en esa ocasión, el hospital emitió un “compromiso de pago” a su nombre, a pesar de tratarse de asistencia en urgencias –y cuya gratuidad está estipulada en la normativa vigente–: “No lo quise firmar, pero me dijeron que llegaría la factura a casa. Aún no llegó nada”.

Silvia también nos contó los serios problemas que tiene para acceder a los medicamentos: “Antes pagaba el 40%, hoy tengo que pagar todo. La última vez que fui a la farmacia gasté 227 €; yo no podía pagar eso, pero me ayudó mi hijo” (…). No tengo recursos para comprar toda la medicación que necesito. De golpe dejé de tomar los medicamentos para la depresión, con lo peligroso que es eso”.

El relato anterior se sitúa en las Baleares y pertenece al informe "El laberinto de la exclusión sanitaria. Vulneraciones del derecho a la salud en las Islas Baleares" que investigadores de Amnistía Internacional (AI) han presentado a la opinión pública el pasado día 4 de julio. El informe trata de mostrar los efectos sobre la salud de inmigrantes irregulares como consecuencia de la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre del Real Decreto Ley 16/2012, que les excluía de asistencia sanitaria gratuita con las excepciones de menores, parto y postparto, urgencias graves y enfermedades de salud pública.
Aunque las Baleares nos puedan parecer lejanas, el informe también destaca que obstáculos similares se dan en otras comunidades, Cantabria entre ellas. Miembros de la Plataforma "Ciudadanía contra la Exclusión Sanitaria", algunos de ellos pertenecientes a AI, pueden atestiguar las barreras a las que se enfrentan estas personas, y la disuasión que les genera. La Consejera de Sanidad prometió en mayo a representantes de AI-Cantabria la revisión de los procedimientos de recepción en los centros de salud y la posible implantación de alguna medida complementaria para cubrir el vacío que dejaba el RD, pero a día de hoy no tenemos ninguna información de que ese compromiso se esté materializando en hechos.
El derecho a una asistencia sanitaria digna para todos los residentes en suelo español, tengan o carezcan de tarjeta sanitaria, está reconocido en los tratados internacionales de los que España en estado parte. En AI Cantabria somos conscientes del dilema moral y político al que se enfrenta la Consejera y su equipo: pueden compartir con nosotros la obligación del derecho internacional, pero deben obediencia al partido que gobierna España. Sin embargo, Cantabria tiene competencias suficientes para establecer medidas que pongan fin a la exclusión que sufren estas personas. Es necesario un acto de valentía para poner fin a esta vergonzosa situación y al doble lenguaje que acarrea, y para devolver la dignidad a los que se la hemos arrebatado.