Ciudadanía Contra la Exclusión Sanitaria llama a los miembros del Parlamento Regional de Cantabria, a votar favorablemente la resolución que se presentará en el pleno del lunes 4 de marzo instando al gobierno de la nación a derogar el Decreto Ley de medidas urgentes sobre la sanidad pública. Dicho Decreto supone, entre otras cosas, retirar la atención sanitaria a los inmigrantes empadronados en España si carecen de permiso de residencia.
El próximo lunes 4 de marzo de 2013 nuestros representantes en el Parlamento de la región, tienen la oportunidad de ayudar a reparar una de las injusticias más sangrantes cometidas en los últimos tiempos, la que supone acabar con el sistema público de atención sanitaria universalizada. El RD/16/2012 desde el comienzo de su aplicación el 1 de septiembre, ha supuesto el incremento de recortes, copagos y privatizaciones que amenazan la misma estructura de nuestra sanidad pública. Pero ha supuesto además, la exclusión directa de la asistencia sanitaria pública de decenas de miles de seres humanos (los inmigrantes sin permiso de residencia) que han contribuido y contribuyen con sus impuestos a la financiación de la sanidad pública.
Esta exclusión implica riesgos directos de salud para las personas desatendidas y problemas de salud pública añadidos, al desaparecer el control sanitario directo sobre una parte de la población.
Las razones esgrimidas para justificar esta exclusión inhumana son falsas, y contravienen los principios más elementales de humanidad y respeto a los derechos humanos reconocidos en nuestra Constitución y en nuestro Estatuto de autonomía.
Como se ha dicho, los inmigrantes empadronados sin tarjeta sanitaria SÍ mantienen la sanidad pública con sus impuestos, como el IVA. No sobrecargan los servicios sanitarios, siendo el total de los inmigrantes el 10% de la población en España, suponen el 5% de las consultas de atención primaria.
No hacen turismo sanitario, tal cosa la hacen residentes con recursos de los países de la Unión Europea, a cuyos servicios de salud, por negligencia de la administración de nuestro país, no se les han facturado debidamente los servicios prestados a sus ciudadanos.
Medio año de injusticia y de sufrimiento causado a un colectivo que tiene que salir adelante en condiciones todavía más difíciles que las del resto de la ciudadanía es demasiado. Llamamos a la
conciencia y al buen sentido de nuestros representantes para que pongan fin a esta ofensa de la que no queremos ser cómplices.
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